La primera ley del divorcio de la democracia, aprobada por el Parlamento el 22 de junio de 1981, cumple mañana 25 años, periodo en el que se han registrado cerca de dos millones de divorcios y separaciones en España.
La ley, impulsada por el ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez, fue aceptada por la izquierda y rechazada por Alianza Popular y parte de la Unión de Centro Democrático (UCD), partido entonces en el Gobierno.
En ese contexto, su articulado reflejó las tensiones vividas durante su tramitación por la fuerte resistencia mostrada por sectores conservadores y religiosos. La norma requería pasar un año de matrimonio antes de pedir la separación legal y ésta se constituía en un paso previo obligatorio antes del divorcio.
Además, se exigía alegar causas legales de separación, entre las que se citaba el alcoholismo, la infidelidad, el cese de la convivencia conyugal, las toxicomanías o la violación de los deberes conyugales. Esta ley tuvo un largo recorrido y no fue hasta el año pasado cuando se reformó para eliminar la necesidad de la separación previa al divorcio y la obligación de esgrimir causas para la ruptura.
La reforma, que pronto cumplirá su primer año, redujo considerablemente el tiempo requerido para divorciarse y motivó que el año pasado se registrara un elevado aumento del número de divorcios y una importante disminución de las separaciones.
En conjunto, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, las ruptura matrimoniales aumentaron un 21,6 por ciento en el segundo semestre del 2005, respecto al mismo periodo del 2004. La progresiva utilización de la ley del divorcio es una de las muestras de los profundos cambios sociológicos experimentados por los españoles a lo largo de los últimos 25 años.
En 1981 se casaron 202.037 parejas y se divorciaron o separaron 16.334, mientras que el año pasado, la cifra de matrimonios fue sólo un poco más elevada -209.127-, pero los divorcios y separaciones sumaron 141.424. La ley del divorcio de 1981, sin embargo, no fue la primera con la que contó España.
El 2 de marzo de 1932, las Cortes de la II República habían aprobado una histórica ley del divorcio impulsada por el entonces ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, en virtud de uno de los artículos de la Constitución de 1931, que preveía la disolución matrimonial.
Esta norma, que contemplaba aspectos tan novedosos como la fórmula del mutuo disenso, la posibilidad de que la pareja acordara el destino de los hijos menores o la obligación mutua de pensión alimenticia, fue derogada el 23 de septiembre de 1939. Durante cuarenta años, el matrimonio fue indisoluble en España.
Fuente: Terra Actualidad - EFE |
