EL PAÍS  -  Sociedad - 14-09-2005

La Fiscalía de Girona describe en su informe anual la "frenética" actividad que tiene que desplegar para evitar las mutilaciones genitales de niñas. En la provincia vive una amplia comunidad de origen africano, procedente de países como Gambia, Senegal, Mali y Mauritania donde la ablación es práctica habitual, sobre todo en los ámbitos rurales. Las mutilaciones se llevan a cabo fuera de España, aprovechando los viajes de vacaciones de las familia a sus países de origen. Las víctimas son niñas entre los 3 y los 15 años.

Durante 2003 fueron tramitados procedimientos que afectaron a un total de 23 niñas, y hubo que proteger a varias hermanas en un mismo procedimiento.

En la mayoría de las ocasiones se tiene conocimiento del inminente viaje a África de una familia con hijas menores a través de la escuela, del pediatra, de la asistenta social e incluso de vecinos que lo comunican a los Mossos d”Esquadra. Éstos remiten el atestado al juzgado, donde llega al fiscal de guardia, que suele tomar medidas cautelares para la protección de las menores.

Se informa entonces a los padres de las negativas consecuencias de dicha práctica para sus hijas y de la trascendencia jurídica para ellos mismos, que pueden enfrentarse a penas de seis a 12 años de cárcel así como la retirada de la patria potestad sobre la menor. La Fiscalía detalla la actividad frenética que se desarrolla cuando se recibe la información de uno de estos inminentes viajes a África. Una de las medidas cautelares de las que se hace uso es la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada de los pasaportes de las menores, así como su reconocimiento por el médico forense cada seis meses, que certificará que la práctica de la ablación no se ha consumado.

Si la situación se comunica a la Fiscalía con la suficiente antelación, se pone en conocimiento de la Entidad Pública de Protección de Menores, evitando así que los padres puedan sacarla del país, sin perjuicio de que la menor siga viviendo con su familia aunque bajo la tutela de la Administración, ya que una separación familiar podría resultar "muy traumática" para ellas.